En una decisión sin precedentes recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en la capital del país, como parte de un operativo federal destinado a “restablecer el orden público”. La medida se da tras la declaración de una “Emergencia de Seguridad Pública”, sustentada en un alarmante aumento en la tasa de homicidios en Washington D.C., que, según datos citados por el mandatario, supera ampliamente a la de ciudades como Bogotá, Ciudad de México y París.
Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump aseguró que la capital atraviesa “una de las peores crisis de seguridad del mundo”, con una tasa de asesinatos de 27,54 por cada 100 mil habitantes en lo que va de 2024, casi el doble que la de Bogotá, que se ubica en 15,1. “La situación es inaceptable. Es más peligrosa que muchas de las ciudades consideradas como las más violentas del planeta”, afirmó.
La intervención federal incluye, además del despliegue militar, la reasignación de agentes del FBI para patrullas nocturnas, y cambios clave en la cúpula de seguridad local. Terry Cole, actual director interino de la DEA, fue nombrado comisario de policía, mientras que la exfiscal general Pam Bondi asumirá como nueva responsable del cuerpo de seguridad de la capital.
El presidente invocó la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia para asumir el control directo de la Policía Metropolitana, una movida que ha generado reacciones divididas tanto dentro del Congreso como entre los líderes locales.
“Es el día de la liberación para Washington D.C.”, declaró Trump, al tiempo que adelantó nuevas políticas enfocadas en eliminar campamentos de personas sin hogar y endurecer las penas contra menores involucrados en delitos violentos.
Aunque el mandatario reconoció que otras grandes urbes del país como Nueva York, Chicago y Los Ángeles enfrentan problemáticas similares, remarcó que la situación en la capital requería una acción “inmediata y contundente”.
La intervención federal marca un punto crítico en el debate sobre el control de la criminalidad y el alcance del poder presidencial en materia de seguridad interna, especialmente en un contexto político cada vez más polarizado a pocos meses de las elecciones.
