El Gobierno del presidente Donald Trump acumula crecientes demandas legales tras denuncias de ciudadanos estadounidenses que aseguran haber sido detenidos y agredidos en redadas migratorias, pese a contar con pruebas de su estatus legal. Las querellas, que reclaman indemnizaciones millonarias, acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de violar derechos constitucionales y hacer uso excesivo de la fuerza.
Uno de los casos más notorios es el de Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama e hijo de padres mexicanos, quien asegura haber sido arrestado en dos ocasiones por agentes migratorios en obras donde laboraba. Pese a presentar su identificación oficial, fue esposado y retenido sin causa probable, lo que motivó una demanda colectiva respaldada por el Institute for Justice. La querella agrupa a 19 ciudadanos y residentes legales con experiencias similares.
Otro de los episodios más graves involucra a Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años y propietario de un autolavado en Los Ángeles. El anciano afirma que fue derribado y golpeado por agentes enmascarados durante una redada en septiembre, a pesar de haberse sometido recientemente a una cirugía de corazón. Según su denuncia, sufrió fracturas y traumatismo craneoencefálico, y permaneció esposado y sin atención médica durante 12 horas en un centro de detención. Su demanda exige una compensación de 50 millones de dólares por daños físicos, emocionales y violaciones a la Ley Bane de California.
A estos casos se suman las demandas de otros ciudadanos y residentes, entre ellos una mujer embarazada que asegura haber dado a luz de manera prematura tras ser detenida. Sus representantes legales, junto con activistas como Dolores Huerta y la congresista Maxine Waters, han llevado las denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para solicitar una investigación internacional.
La serie de litigios refleja un patrón de acusaciones sobre redadas dirigidas a trabajadores y pequeños negocios, donde, según los denunciantes, los agentes federales habrían actuado con violencia y sin respetar garantías constitucionales. El Gobierno de Trump no ha respondido públicamente a las demandas, pero los abogados de las víctimas aseguran que buscan sentar un precedente para frenar lo que describen como una “política de persecución” hacia comunidades latinas y trabajadores vulnerables en Estados Unidos.
