El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia investigue y procese a quienes quemen la bandera estadounidense durante protestas. La medida también contempla sanciones migratorias, como la cancelación de visas, residencia o procesos de naturalización para los extranjeros que participen en estos actos.
La decisión choca con el fallo de la Corte Suprema de 1989, que reconoció la quema de la bandera como una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Aquella sentencia surgió tras el caso del activista Gregory Lee Johnson, quien quemó una bandera durante la Convención Nacional Republicana en 1984 como protesta política.
Trump sostiene que la profanación del símbolo nacional puede incitar a la violencia y, por ello, no debería estar amparada por la Constitución. Según el mandatario, la medida busca frenar de inmediato estas manifestaciones, de forma similar a la orden que firmó en su primer mandato para castigar con hasta diez años de prisión los ataques a monumentos y estatuas en el país.
