El Paso, Texas – Este pasado domingo 17 de agosto de 2025, el centro de detención de inmigrantes Camp East Montana, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, comenzó a operar en medio de protestas y fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. La instalación, diseñada inicialmente para albergar a 1,000 personas, está proyectada para convertirse en el mayor centro de detención de su tipo en Estados Unidos, con una capacidad de hasta 5,000 personas, como parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para transformar bases militares en espacios de reclusión migratoria.
Cientos de manifestantes se reunieron frente a las instalaciones de Fort Bliss, coreando consignas como “que cierren los campos” en rechazo a la apertura del centro. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la operación como “peligrosa” debido a las condiciones de las estructuras temporales de tiendas de campaña, expuestas a temperaturas promedio de 35°C (95°F) en la región. Savannah Kumar, abogada de la ACLU en Texas, denunció que los detenidos enfrentan condiciones que violan sus derechos básicos, describiendo el centro como “cruel” y una “catástrofe para los derechos humanos y civiles”. Kumar instó a que estas operaciones no sean ignoradas por las autoridades ni ocultadas al público.
El centro de Fort Bliss forma parte de un plan más amplio financiado por una megaley fiscal aprobada por el Congreso en julio, que destinó 45,000 millones de dólares para la construcción de centros de detención, 30,000 millones para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y 10,000 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estos fondos están siendo utilizados para reforzar la capacidad de arresto migratorio, en línea con la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la falta de contratación de jueces especializados para revisar los casos podría retrasar los procesos migratorios, según lo establecido por el sistema legal estadounidense.
Además de Fort Bliss, el gobierno impulsa proyectos similares, como el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida, donde ya se están realizando deportaciones, según declaraciones del gobernador Ron DeSantis. La megaley fiscal también incluyó recortes a programas sociales como Medicaid y los cupones de alimentos SNAP, lo que ha generado controversia adicional.
Las críticas al centro de Fort Bliss se centran en las condiciones de las tiendas de campaña, que exponen a los detenidos a un calor extremo, y en la falta de transparencia sobre las operaciones. Organizaciones como la ACLU advierten que estas instalaciones representan un riesgo significativo para la salud y los derechos de los migrantes, quienes, con o sin antecedentes penales, son el objetivo de esta política migratoria.
Imágen cortesía: The Independent
