16 de febrero de 2026 — Las autoridades migratorias federales de Estados Unidos buscan expandir de manera significativa su infraestructura de detención de inmigrantes, con un plan que contempla gastar $38,300 millones para alcanzar una capacidad total de 92,600 camas, según un documento oficial difundido el viernes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está impulsando la adquisición y conversión de almacenes y otras instalaciones en centros de detención y procesamiento, en el marco de una expansión masiva financiada por la reciente ley de recortes fiscales promulgada por el presidente Donald Trump, que destina $45,000 millones adicionales a los centros de detención.
El documento detalla la creación de 16 centros regionales de procesamiento con capacidad para entre 1,000 y 1,000 detenidos cada uno, donde las estancias promedio oscilarían entre tres y siete días. Además, prevé ocho centros de detención a gran escala capaces de albergar de 7,000 a 10,000 personas, con permanencias promedio inferiores a 60 días. También se contempla la adquisición de 10 instalaciones ya existentes “llave en mano”.
Todos estos centros estarían operativos para noviembre, según el cronograma establecido.
A mediados de enero, ICE reportaba más de 75,000 inmigrantes detenidos, casi el doble de los aproximadamente 40,000 registrados cuando Trump asumió el cargo un año antes, de acuerdo con datos federales divulgados recientemente.
En las últimas semanas, ICE ha comprado discretamente al menos siete almacenes de gran tamaño —algunos con más de 92,900 metros cuadrados— en estados como Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas. En al menos seis ciudades, las negociaciones se frustraron por la oposición de activistas y presión comunitaria, aunque varios acuerdos en Nueva York y otras localidades están próximos a concretarse.
La gobernadora republicana de New Hampshire, Kelly Ayotte, publicó el documento en internet tras las controversias generadas por los planes de convertir un almacén en Merrimack en un centro de procesamiento con 500 camas. Ayotte cuestionó las declaraciones del director interino de ICE, Todd Lyons, quien testificó el jueves ante el Congreso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había colaborado con ella y le había proporcionado un resumen del impacto económico. La gobernadora desmintió esa afirmación, señalando que el resumen fue enviado horas después del testimonio.
El documento contiene errores notables, como referencias a “efectos en cadena en la economía de Oklahoma” y menciones a impuestos estatales sobre ventas y renta que no existen en New Hampshire, lo que Ayotte calificó como “otro ejemplo del preocupante patrón de problemas con este proceso”.
El DHS ha confirmado que busca más espacio de detención, pero rechaza el término “almacenes”, insistiendo en que se tratará de “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.
Funcionarios municipales en varias localidades han denunciado la falta de transparencia, ya que a menudo no reciben detalles sobre los planes hasta que las compras de propiedades se han concretado. La expansión se produce en medio de crecientes tensiones por las operaciones migratorias masivas y el uso de instalaciones no tradicionales para alojar a un número récord de detenidos.
Imágen cortesía: CNN
