Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, mostró su apoyo a la preocupación de México en relación con la colocación de boyas en el Río Bravo por parte del gobierno de Texas. Esta acción ha provocado el envío de una segunda nota diplomática por parte de nuestro país, expresando inquietudes sobre posibles violaciones a los derechos humanos de migrantes y al tratado de 1944 que establece los límites de aguas.
“El pueblo mexicano tienen razón de estar ofendido porque está mal, es una ofensa la colocación de boyas”, dijo el diplomático en conferencia de prensa durante su visita a Chihuahua.
El orador reiteró que la acción tomada por el gobernador Greg Abbott es contraria a la ley y expresó optimismo acerca de la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra su gobierno para que los artefactos mencionados sean retirados.
“Lo hayamos ofensivo y por eso el Departamento de Justicia ya está en las cortes, porque nos parece que lo que hizo el gobernador de Texas es ilegal… lo vamos a ver, estamos del lado de la ley, tengo optimismo de que vamos a ganar el caso”, aseveró.
Según lo expresado por el gobierno mexicano, Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores, informó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) a su cargo llevó a cabo una inspección territorial. Durante este recorrido, se detectó la construcción de terraplenes que están causando obstrucción y desviación del flujo del río. Además, se encontraron contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con púas para evitar el paso. Asimismo, se hallaron boyas plásticas flotantes.
“Se trata de un área de 305 metros, de los cuales 230 corresponden al territorio de México. En ese sentido, se han enviado dos notas diplomáticas argumentando que se está violando el tratado de 1994 y el de 1970…El presidente Joe Biden, a instancias del presidente López Obrador, está haciendo una denuncia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas […] hay una decisión del Gobierno federal de apoyar a México en relación con esta acción, que es una acción bastante unilateral de un estado de Estados Unidos”.
