Un jurado de Georgia emitió cargos penales contra el expresidente Donald Trump el pasado lunes por sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.
Los miembros del jurado escucharon testimonios antes de tomar una decisión. Los fiscales del condado de Fulton presentaron pruebas mientras avanzaban hacia la acusación, llamando a varios exfuncionarios estatales, incluido el exvicegobernador, como testigos. La acusación consta de 98 páginas.
Esta representa la cuarta imputación penal que enfrenta Donald Trump, siendo la segunda relacionada con sus presuntos intentos de influir en los resultados de las elecciones de 2020, que finalmente perdió.
El jurado, que dedicó 10 horas a las deliberaciones, también votó a favor de imputar a otras 18 personas, además de Trump, en relación al caso.
A diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, el caso en Georgia se mantendrá independiente de cualquier posible interferencia por parte de Trump en caso de ser reelegido en 2024.
En una eventual presidencia futura, Trump no tendría la capacidad de otorgar perdones a sí mismo ni a sus aliados en el ámbito estatal, ni podría ordenar que los cargos en el condado de Fulton sean desestimados.
Esta nueva situación legal involucra a destacados asesores de Trump, incluidos Rudy Giuliani, su exabogado personal, y Mark Meadows, quien ocupó el cargo de jefe de gabinete en la Casa Blanca en el momento de las elecciones.
¿Quiénes enfrentan cargos en la acusación de Georgia?
La imputación también abarca a Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia, y Jenna Ellis, abogada de la campaña de Trump.
Además, figuran Robert Cheeley, otro abogado acusado de promover afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude, Mike Roman, funcionario de la campaña de Trump; David Shafer, exlíder del Partido Republicano en Georgia y señalado como un “elector falso”; Shawn Still, también identificado como “elector falso”; Stephen Lee, un pastor acusado de intimidar a trabajadores de centros de votación; Harrison Floyd, líder de Black Voices for Trump; Trevian Kutti, también acusado de intimidación; Ray Smith, abogado de la campaña, y Cathy Latham, Scott Hall y Misty Hampton, del condado de Coffee.
¿De qué se les acusa en Georgia?
La fiscalía presentó más de una decena de cargos graves ante el jurado en contra de Trump.
Entre ellos, se incluye uno que viola la ley RICO del estado (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), utilizada para casos de crimen organizado. Todos los mencionados en la acusación enfrentan cargos bajo esta ley.
Dos de los cargos, incluida la solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público, detallan el 2 de enero de 2021 como fecha del delito. En esa fecha, durante una llamada con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, Trump expresó su deseo de “encontrar” suficientes votos para revertir su derrota en el estado.
Otros cargos datan del 17 de septiembre de 2021, el mismo día en que Trump instó a Raffensperger a investigar un supuesto “fraude electoral a gran escala”, anular la certificación de las elecciones y “revelar al verdadero ganador” en caso de encontrar fraude.
Bee Nguyen, exrepresentante estatal demócrata, declaró: “Ningún individuo está por encima de la ley y seguiré cooperando plenamente con cualquier proceso legal que busque la verdad y proteja nuestra democracia”.
El abogado de Trump, John Eastman, también participó en al menos una de las audiencias, argumentando que las elecciones no se llevaron a cabo conforme a la ley de Georgia y que los legisladores deberían designar nuevos electores.
Tanto Sterling como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ambos republicanos, rechazaron firmemente las acusaciones de problemas generalizados en las elecciones de Georgia.
El 2 de enero de 2021, Trump llamó a Raffensperger y sugirió que este podría ayudar a “encontrar” los votos necesarios para superar a Biden. La revelación de una grabación de esa llamada llevó a Willis a iniciar su investigación aproximadamente un mes después.
La fiscalía de Georgia ha informado que ha recibido amenazas racistas en relación con la inminente decisión de imputar a Trump.