Washington, 20 de enero de 2026 — Una jueza federal en Washington, D.C., denegó la solicitud de varios legisladores demócratas para suspender temporalmente una nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que obliga a los miembros del Congreso a dar un aviso de siete días antes de realizar visitas de supervisión a instalaciones de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La jueza del distrito Jia Cobb determinó que el DHS no violó una orden judicial previa al implementar el memorando del 8 de enero de 2026, firmado por la secretaria Kristi Noem, que restablece el requisito de notificación anticipada. La magistrada aclaró que su decisión no evalúa la legalidad sustantiva de la nueva medida, sino que los abogados de los demandantes utilizaron el mecanismo procesal incorrecto para cuestionarla. Además, señaló que se trata de una acción administrativa distinta a la política que había bloqueado temporalmente el 17 de diciembre de 2025.
La controversia surgió tras el intento de visita de tres congresistas demócratas de Minnesota —Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig— a un centro de ICE en Minneapolis el 10 de enero, solo tres días después de que un agente de ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en esa ciudad. Las legisladoras fueron inicialmente impedidas de ingresar, lo que motivó una moción de emergencia presentada por el grupo legal Democracy Forward.
Los demandantes, que incluyen a doce legisladores demócratas más, argumentan que la política vulnera una disposición legal que prohíbe al DHS utilizar fondos apropiados para impedir el acceso de congresistas a instalaciones del departamento con fines de supervisión. Afirman que la medida obstaculiza la fiscalización en un momento clave, ya que el Congreso negocia la financiación anual del DHS y de ICE, con vencimiento el 30 de enero.
Durante una audiencia reciente, la abogada de los demandantes, Christine Coogle, enfatizó: “Las apropiaciones no son un juego. Son ley”. Por su parte, la abogada del Departamento de Justicia, Amber Richer, defendió que el memorando del 8 de enero es una política nueva y diferenciada de la anterior.
La jueza Cobb, nominada por el expresidente Joe Biden, reiteró en su fallo que la denegación se basa únicamente en cuestiones procedimentales y no implica una validación de la legalidad de la norma. “La Corte enfatiza que niega la moción de los demandantes solo porque no es la vía adecuada para impugnar el memorando del 8 de enero de 2026 y la política allí establecida, y no por ningún tipo de hallazgo de que la política sea legal”, escribió.
Melissa Schwartz, portavoz de Democracy Forward, indicó que el grupo está revisando la orden y que “continuaremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para detener los esfuerzos de la administración por ocultarse del escrutinio congresional”.
El caso forma parte de una demanda más amplia presentada en Washington contra las políticas de visitas de ICE, en el contexto de un incremento en las operaciones de aplicación migratoria a nivel nacional bajo la administración del presidente Donald Trump. En diciembre pasado, la misma jueza había considerado probable que el requisito de aviso previo fuera ilegal, argumentando que las condiciones en los centros de detención pueden cambiar rápidamente y que una semana de espera impediría a los legisladores evaluar la situación real.
foto cortesía: Adam Grey
