Ciudad de México, 13 de febrero de 2026 — Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, tras ser imputado por el delito de peculado en una nueva causa penal impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida cautelar se ordenó durante una audiencia celebrada ayer en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a cargo del juez Gustavo Aquiles Villaseñor. La FGR presentó 38 datos de prueba que señalan al exfuncionario como presunto responsable del desvío de 5 millones de pesos de recursos federales en noviembre de 2012.
De acuerdo con la acusación, dichos fondos estaban destinados a programas de apoyo a niñas, niños, personas de la tercera edad y con discapacidad en el estado de Veracruz. Sin embargo, las investigaciones indican que fueron transferidos a cuentas bancarias para ocultar su rastro y no se reintegraron a la Tesorería de la Federación como correspondía.
La defensa de Duarte solicitó la ampliación del término constitucional para preparar su respuesta, por lo que el juez fijó la continuación de la audiencia para el próximo martes 17 de febrero, fecha en la que se definirá si se le vincula a proceso por el delito de peculado.
Este nuevo proceso se suma a la condena de nueve años de prisión que Duarte cumple desde 2018 por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). El exgobernador había cumplido más del 95% de esa sentencia y buscaba obtener su libertad anticipada en abril de 2026, al completar los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal.
La imputación por peculado, que prevé penas de hasta 14 años de prisión, representa un obstáculo significativo para esa posibilidad de liberación. La audiencia inicial se llevó a cabo tras tres aplazamientos previos, atribuidos por la defensa a problemas de salud de sus abogados, lo que la Fiscalía calificó como una estrategia dilatoria.
El juez advirtió que no se permitirían más retrasos y señaló que, de no presentarse con representación legal adecuada, se le asignaría un defensor de oficio.
Este desarrollo judicial complica el panorama legal del exgobernador, quien permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras avanza el nuevo procedimiento.
Imágen cortesía: Cuarto Obscuro
