Washington D.C., 13 de febrero de 2026 — La administración del presidente Donald Trump está ampliando de manera significativa sus iniciativas para despojar de la ciudadanía estadounidense a personas nacidas en el extranjero que se naturalizaron, como parte de su estrategia para reducir la inmigración y reforzar el control migratorio.
Según fuentes familiarizadas con los planes internos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha reasignado personal y enviado expertos a sus oficinas locales en todo el país. El objetivo es identificar y referir entre 100 y 200 posibles casos de desnaturalización al mes a la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia.
Esta meta representa un aumento drástico en comparación con periodos anteriores. Durante los cuatro años del primer mandato de Trump, se presentaron formalmente solo 102 casos de este tipo. En contraste, la nueva directriz busca generar un volumen mucho mayor de referencias durante el año fiscal 2026.
Los casos de desnaturalización suelen centrarse en personas que presuntamente ocultaron antecedentes penales, violaciones a derechos humanos o cometieron fraude durante el proceso de naturalización. Un portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, afirmó que la agencia mantiene una “política de tolerancia cero” hacia el fraude en el proceso de ciudadanía y colaborará con el Departamento de Justicia para perseguir a quienes hayan obtenido la ciudadanía mediante mentiras o engaños.
Funcionarios de la administración buscan agilizar el proceso mediante la descentralización de las investigaciones, en lugar de concentrarlas en una sola unidad como ocurrió en el pasado. El Departamento de Justicia ha instruido a sus abogados a priorizar casos que involucren riesgos para la seguridad nacional, crímenes de guerra, torturas o fraudes contra programas gubernamentales como Medicaid y Medicare, además de cualquier otro que se considere relevante.
Expertos en inmigración destacan que el proceso de desnaturalización es largo, complejo y requiere pruebas estrictas. Históricamente, ha sido utilizado de forma excepcional, como en investigaciones contra exnazis que huyeron a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque tanto administraciones demócratas como republicanas han impulsado revisiones, los casos exitosos siguen siendo limitados: durante el primer mandato de Trump se ganaron 86, y en la administración Biden, 54.
Críticos advierten que esta escalada podría generar temor entre los aproximadamente 800,000 inmigrantes que se naturalizan cada año, muchos de los cuales cumplen con requisitos como residencia permanente, dominio del inglés, conocimiento de la historia estadounidense y buena conducta moral. Abogados y exfuncionarios de USCIS señalan que, incluso sin llegar a revocaciones masivas, las investigaciones prolongadas imponen costos económicos y emocionales significativos, obligando a las personas a contratar defensa legal y enfrentar incertidumbre.
La iniciativa se enmarca en una serie de medidas antiinmigrantes del segundo mandato de Trump, que incluyen misiones masivas de deportación, revocación de visas, intentos de expulsar a residentes legales y el uso de grandes instalaciones para detención. Aunque el proceso legal es riguroso y podría extenderse por años, la sola posibilidad de escrutinio adicional genera preocupación en comunidades de inmigrantes naturalizados, quienes temen que acciones pasadas o menores sean reinterpretadas retroactivamente como fraude.
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