Brownsville, Texas – 26 de febrero de 2026 – Seis médicos y sus respectivas prácticas médicas en el sur de Texas han llegado a un acuerdo por 4 millones 855 mil 844 dólares para resolver acusaciones de que presentaron reclamaciones falsas a Medicare, Medicaid y TRICARE por servicios que no se prestaron o que no eran médicamente necesarios, anunció el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjei.
Los médicos involucrados son: Javier Cabello (47 años, San Benito), Ammar Halloum (52 años, Brownsville), Jamil Madi (54 años, Olmito), Jairo Rodríguez (62 años, Rancho Viejo), Ricardo Schwarcz (57 años, Weslaco) y Stanley Sy (55 años, Pharr). Todos eran propietarios y operadores de Benchmark Inpatient Services PLLC (que operaba como Beyond Inpatient Services en Harlingen). Además, Rodríguez era propietario de Brownsville Pulmonary Center, P.A. (que hacía negocios como Benchmark Pulmonary Center en Brownsville).
De acuerdo con las acusaciones, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2023, las empresas y sus dueños facturaron de manera indebida cuidados críticos a pacientes que no se encontraban en estado crítico, visitas de seguimiento innecesarias o servicios que nunca se realizaron. La facturación por cuidados críticos exige decisiones médicas complejas y al menos 30 minutos de atención a un paciente en condición grave, requisito que, según la investigación, no se cumplía en la mayoría de los casos.
Adicionalmente, Brownsville Pulmonary Center y el doctor Rodríguez habrían presentado reclamaciones por pruebas de función pulmonar (PFT) de rutina, innecesarias o inexistentes. Estas pruebas solo son reembolsables por Medicare cuando son médicamente justificadas y se documentan adecuadamente en el expediente del paciente, lo cual presuntamente no ocurrió.
Como resultado de estas prácticas, los programas federales de salud pagaron cantidades significativamente mayores por servicios que no cumplían con los criterios establecidos.
“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de combatir el fraude en el sector salud y proteger los recursos de los contribuyentes. Los profesionales médicos deben priorizar la necesidad real de los pacientes, no el beneficio económico personal”, declaró el fiscal Ganjei.
La investigación fue liderada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS-OIG) y el FBI, con apoyo del Servicio de Investigación Criminal de Defensa y la División Civil de Fraude a Medicaid de la Oficina del Procurador General de Texas. El caso se originó en una denuncia presentada bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), que permite a informantes privados iniciar acciones en nombre del gobierno y recibir una parte de la recuperación.
Las autoridades destacaron que el fraude a programas federales de salud durante la pandemia de COVID-19 representó una explotación particularmente grave de pacientes vulnerables y de los fondos públicos.
El acuerdo resuelve únicamente las alegaciones presentadas; no implica una admisión formal de responsabilidad por parte de los médicos o sus prácticas.
Imágen cortesía: Puente Libre
