Un hombre ha admitido su culpabilidad en los cargos de violación después de ser acusado de violar y embarazar a una niña de 9 años en Ohio. El acusado, Gerson Fuentes, de 28 años, ha sido condenado a cadena perpetua, pero podrá solicitar la libertad condicional después de cumplir entre 25 y 30 años de prisión. Además, deberá registrarse como delincuente sexual.
Este caso ha sido relevante en el debate nacional sobre el acceso al aborto desde que la Corte Suprema anuló la sentencia de Roe v. Wade. La niña, que tenía 10 años cuando se realizó el aborto, confirmó que fue atacada por Fuentes. Este último confesó su delito a los detectives de la policía de Columbus, y las pruebas de ADN realizadas al feto abortado confirmaron que él era el padre. Los fiscales del condado de Franklin también señalaron que no encontraron evidencia de que Fuentes estuviera legalmente en el país.
Fuentes, quien es de Guatemala y residía en Columbus, ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto. En caso de que obtenga la libertad condicional en el futuro, es probable que sea deportado.
El caso adquirió notoriedad a nivel nacional después de que la Dra. Caitlin Bernard, una médica de Indianápolis, revelara que una niña de 10 años tuvo que viajar a Indiana debido a la prohibición de abortos en Ohio cuando se detecta el primer “latido cardíaco fetal”. Esta prohibición se produjo después de la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia histórica de Roe v. Wade. Un año después del fallo, 25 estados habían implementado prohibiciones similares, incluido Indiana, aunque muchas de estas leyes todavía se encuentran en disputa legal.
En mayo, la Junta de Licencias Médicas de Indiana reprendió a la Dra. Bernard y encontró que había violado las leyes de privacidad del paciente al compartir información sobre el caso con un periodista, aunque no reveló detalles directamente protegidos, como el nombre o la dirección de la paciente. Sin embargo, la junta desestimó las acusaciones del fiscal general republicano de Indiana de que Bernard había violado la ley estatal al no informar el abuso infantil a las autoridades locales. No se impusieron restricciones a su práctica médica, pero se le multó con $3,000 por las violaciones cometidas.
