Abogados de la familia de Cristóbal Cobreiro Ramírez denuncian que fue víctima de “una ejecución extrajudicial” cometida por agentes que dispararon contra un grupo de migrantes desarmados en 2021, en una carretera de Chiapas.
Cristóbal Cobreiro Ramírez salió de Cuba sin decírselo a su familia. Solo le pidió un abrigo a su padre. Soñaba con llegar a Estados Unidos, pero murió a medio camino en 2021, baleado por la Guardia Nacional de México. A pesar de un informe reciente que denuncia a la agencia por matar al migrante “sin justificación”, y a casi dos años del tiroteo, su familia reclama que aún no ha obtenido justicia.
En la madrugada del 31 de octubre de 2021, los disparos de la Guardia Nacional truncaron las aspiraciones del migrante cubano de 35 años. Cobreiro viajaba por una carretera de Chiapas en una camioneta con otros 12 migrantes de Brasil, Ghana y Cuba, cuando cerca de las 2:00 am pasaron al lado de una patrulla estacionada en sentido opuesto. En ese momento, hubo destellos de luces y detonaciones de armas de fuego, según testimonios de quienes sobrevivieron al ataque.
El vehículo se detuvo unos 100 pies (30 metros) más adelante con dos llantas pinchadas. Sus ocupantes descendieron desarmados suplicando por sus vidas. Cobreiro yacía muerto dentro con nueve disparos, incluido uno en la nuca, según un informe oficial. Dos adultos y tres niños que iban a bordo también sufrieron heridas de bala.
“Les dispararon en 55 ocasiones, provocando la muerte de Cristóbal Cobreiro, un joven con aspiraciones a una mejor vida para él, y sobre todo para su hija de apenas 5 años”, denunció a Noticias Telemundo Yesenia Valdez, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho con sede en México, que ha brindado asistencia legal a los familiares del migrante.
Mientras la Guardia Nacional en un inicio acusó al conductor de nacionalidad mexicana de no detenerse cuando le marcaron el alto y aseguró que los agentes solo dispararon “contra las llantas” ante el “riesgo inminente” de que los atropellaran, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto en duda esa versión en un informe publicado en junio.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el ataque como algo “muy lamentable” e indicó que había dado instrucciones de investigar a los agentes implicados, en una rueda de prensa del 3 de noviembre.
“[Los migrantes] no hicieron más que salir de rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la Guardia Nacional. No dispararon, no les dieron, y los de la Guardia sí dispararon y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, afirmó el mandatario.
El Gobierno de López Obrador creó la Guardia Nacional en 2019 para responder al problema de la inseguridad, en un país donde fueron asesinadas más de 100,000 personas en los seis años de Gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto, y otras 150,000 en lo que va de la actual Administración.
Miles de agentes de la corporación fueron asignados desde el año de su creación a la tarea de contener el flujo irregular de migrantes, en un momento en el que el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazaba a México con la imposición de aranceles si no se frenaban los cruces irregulares en la frontera.
Pero el marco legal que la corporación ha usado para desarrollar sus tareas migratorias nunca ha estado del todo claro, según han advertido expertos y activistas. La ley no permite a sus agentes detener migrantes, lo cual es una función exclusiva del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que su función se limita al acompañamiento y la seguridad.
