El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha vuelto a estar en el centro de la discusión política, impulsado en parte por declaraciones del expresidente Donald Trump, quien ha sugerido que una orden ejecutiva podría poner fin a este derecho consagrado en la Constitución. Sin embargo, expertos en derecho constitucional han señalado que dicha propuesta carece de base legal y que el poder ejecutivo no puede alterar los principios establecidos por la Constitución.
La Decimocuarta Enmienda de la Carta Magna estadounidense, adoptada en 1868, establece de manera clara que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen”. Esta disposición ha garantizado la ciudadanía automática a todos los nacidos en el territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, lo que ha sido una piedra angular del sistema legal estadounidense durante más de 150 años.
A pesar de que los presidentes tienen la facultad de emitir órdenes ejecutivas para abordar cuestiones de política migratoria, la Constitución establece límites claros sobre los derechos que el poder ejecutivo puede modificar. Cualquier cambio a la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional, un proceso que no puede ser llevado a cabo unilateralmente. Para alterar este derecho, es necesario que el Congreso apruebe la enmienda con dos tercios de los votos y que tres cuartas partes de los estados la ratifiquen, un camino largo y complejo que asegura que los derechos fundamentales no sean alterados fácilmente.
El presidente de turno, aunque con autoridad para dirigir políticas en áreas de inmigración, no tiene el poder de modificar directamente la Constitución mediante una simple orden ejecutiva. Cualquier intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento enfrentaría grandes obstáculos legales, y es probable que fuera declarado inconstitucional por los tribunales.
En conclusión, el derecho a la ciudadanía por nacimiento sigue siendo una protección fundamental bajo la Constitución de Estados Unidos, y cualquier intento de revocarlo debe pasar por el riguroso proceso de enmienda constitucional, que está fuera del alcance de una acción ejecutiva.
